La II República Española supuso una romántica eclosión democrática en una Europa lastrada por gobiernos autoritarios. Aquel régimen surgido de las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 nos trajo un notable avance cultural, una política educativa ejemplar, que condujo a la construcción de más de 10.000 nuevas escuelas y la creación de más de 20.000 plazas de  maestros, las reformas militar y agraria, la laicidad del Estado, el matrimonio civil, el divorcio, la aprobación del voto femenino y la igualdad efectiva de derechos entre la mujer y el hombre…

El golpe de Estado militar fascista del 18 de julio supuso el final de aquel proceso, dando origen a una sangrienta guerra civil que vino seguida de una dictadura atroz en la que la  ausencia de libertades sumió a España en el atraso, en el analfabetismo y en el periodo más oscurantista de nuestra Historia reciente.

A la muerte del dictador, en noviembre de 1975, una Transición pactada, con sangrantes concesiones de la izquierda, inauguró una etapa que, mediante la Ley de amnistía, supuso el olvido de las atrocidades cometidas durante la dictadura franquista: no se juzgó a los criminales de aquel régimen genocida, se olvidaron los muertos y desaparecidos, quedaron impunes las violaciones de derechos humanos protagonizadas por militares, jueces, policías, carceleros, funcionarios… Por ello, hoy, a más de treinta años de aquella Transición, y aprobada en el Congreso una Ley de la Memoria Histórica que resulta insuficiente y que en ningún momento declara con claridad la nulidad de las sentencias y juicios sumarísimos habidos durante la represión franquista, como republicanos seguimos apoyando los “trece puntos mínimos” que las organizaciones políticas y sociales republicanas han venido exigiendo, y que se concretan en la nulidad de todos los procesamientos, sentencias, condenas y/o sanciones…; en la imprescriptibilidad, en el derecho a saber, el derecho a la Justicia, el derecho a la reparación..., a la obligación administrativa a todos los niveles en las labores de localización, identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la retirada de menciones y de toda la simbología franquista en monumentos, calles, museos, libros de texto, etc.

Construir la República hoy significa intensificar nuestra denuncia de la monarquía impuesta por el franquismo y de la Constitución de 1978 que la sustenta, texto legal que rechazamos porque otorga al soberano y a la institución monárquica privilegios que conculcan la Declaración Universal de los Derechos Humanos de NN. UU. de 1948 y 1966 -suscrita por España- y los más elementales ordenamientos jurídicos y democráticos en todo lo referente a la igualdad y no discriminación ante la Ley,  en el caso de la sucesión a la Jefatura del Estado, considera a la monarquía como “inviolable”, por encima de toda Ley, asignándole -vía Presupuestos del Estado- una cantidad que distribuye libremente y sin obligación de declarar IRPF ni patrimonio (art. 65),  declara al rey no responsable de sus actos), (art. 56.3), confiere a la monarquía poderes anacrónicos y antidemocráticos como son el “hacer guardar” la propia Constitución (art. 61); el de ejercer el “mando supremo” de las Fuerzas Armadas (art. 62 h) que, al mismo tiempo, tienen la no menos preocupante misión de “defender el ordenamiento constitucional” y de “defender la integridad territorial de España ” (art. 8)….aspectos, éstos que se utilizan como espantajo ante las demandas de un mayor autogobierno por parte de las nacionalidades del Estado Español. De ahí que,  ante la reforma constitucional que nos vienen anunciando, la posición de los republicanos no puede ser otra que la de superar el actual régimen monárquico, trabajando para que, más pronto que tarde, se den las condiciones para la exigencia de la convocatoria de un referéndum entre Monarquía y República que propicie la ruptura democrática y el inicio de un proceso constituyente.

Construir hoy la República es contribuir a la lucha por la paz.  El precedente del artículo 6º de la Constitución Republicana de 1931: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional” debe ser para los republicanos una referencia de carácter imperativo. Nuestro compromiso en la defensa de los Derechos Humanos, por la Justicia, por una cooperación justa que favorezca el desarrollo sin agresiones ecológicas y el bienestar económico y social, reivindicando un futuro en Paz, Cooperación y Solidaridad con todos los países del mundo,  así como la desvinculación de nuestro país de la OTAN y la supresión de las base militares extranjeras, y la repatriación de nuestras tropas en Afganistán, Líbano y Kosovo son los ejes que los republicanos demandamos en cuanto a las relaciones internacionales.

En el marco del Estado Federal que propugnamos, construir la República significa reivindicar mayores cotas de autogobierno de las comunidades y nacionalidades, superando el actual marco estatutario y las constantes tensiones que esta cuestión históricamente ha producido,  bajo el respeto al principio de subsidiariedad y desde el reconocimiento del derecho a la libre determinación.  

Construir la República supone apostar por la laicidad del Estado y de las instituciones, para lo que propugnamos la separación de las Iglesias y el Estado, la derogación de los acuerdos  con el Vaticano de  1976 y 1979, que la religión salga fuera del currículo escolar común, que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares y que con dinero publico no se pague el adoctrinamiento religioso ni se faciliten por la administración privilegios financieros, fiscales, económicos y culturales para las Iglesias.

Construir la  República  supone rescatar la necesidad de una  profundización plena en una democracia representativa, con una auténtica soberanía popular y con el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía. Los derechos sociales para todas y todos han de conducir a  una sociedad más justa, de pleno empleo, que erradique la precariedad laboral, la discriminación y el racismo; que facilite el acceso a la vivienda digna y, en especial, a los jóvenes; que proteja el medio ambiente y combata la especulación inmobiliaria y financiera; que mediante la protección social plena salvaguarde las pensiones; que garantice una enseñanza laica, no discriminatoria, pública, de calidad y gratuita a todos los niveles; que recupere, extienda y dignifique la Cultura como derecho esencial  que es; y, en definitiva, que se preserven y mejoren los servicios públicos, en vez de privatizarlos. Todos ellos, son  retos que el actual ordenamiento constitucional y las políticas neoconservadoras propiciadas por todos los gobiernos desde la transición reformista han sido incapaces de resolver y que, en suma, los republicanos no podemos eludir, debiendo también tenerlos presentes en nuestra actividad y esfuerzos cotidianos por la consecución de la III República. 

Con estas pautas de trabajo, con el propósito y convencimiento que el conjunto del movimiento republicano nos hemos impuesto y por pura razón democrática, estamos convencidos de que la República llegará y será una realidad más pronto que tarde. A todos los republicanos, sin duda, nos espera un trabajo ingente, en la línea de ir consolidando un movimiento hegemónico de vanguardia que pueda conducir, algún día, esperamos que próximo, a la superación de la actual forma de Estado monárquica, con el advenimiento de la deseable III República.