El movimiento de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) ha tenido, desde sus inicios, una identidad rebelde. En pleno siglo XXI siguen siendo perseguidos, asesinados, señalados, juzgados por la orientación sexual o identidad género-sexual. Se deben globalizar los derechos, y que se extienda la transformación de la sociedad.
Hace ya 37 años desde que la rebelión de Stonewall se convirtiera en símbolo de la lucha contra la represión y opresión. Hay que recordar a las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que con su lucha contra la injusticia, han hecho posible un avance en los derechos por la libertad sexual, y que también han colaborado junto con otros colectivos sociales a generar esperanzas por una sociedad libre de exclusión social. En el estado español las lesbianas, gays y bisexuales han visto reconocido, gracias a sus reivindicaciones, la supresión de la discriminación legal en cuanto al matrimonio. Este hecho no deja de ser histórico, pero aún queda mucho por conseguir: 1. Una ley de identidad género-sexual, que garantice el cambio integral de sexo gratuito y mediante la Seguridad Social, así como el reconocimiento legal de la nueva identidad en los documentos oficiales. 2. La persecución penal efectiva de la homofobia y transfobia como delitos en sí mismos. 3. Sensibilización social hacia el hecho transexual y homosexual y que tenga en cuenta que diferencia no es desigualdad. 4. Una educación pública, gratuita y de calidad libre de heterosexismo. Una Universidad abierta, en la vanguardia de estudios LGTB, de masculinidad, género, feminismo y teoría queer. 5. Ruptura de los acuerdos con el Vaticano. La homófoba Iglesia Católica debe financiarse a sí misma. 6. Ley de Parejas de hecho con todos los derechos para aquellos/aquellas que no quieran acogerse al matrimonio. 7. En materia internacional: condena y acciones urgentes contra la persecución al colectivo LGTB en cualquier parte del mundo, inclusión de la orientación sexual e identidad género-sexual en los Derechos Humanos, derecho a asilo político por persecución al colectivo LGTB. Aprobado por unanimidad en el Comité Regional del 31 de mayo |