Aunque los propietarios de esos edificios tengan constancia de que se iba a proceder a su derribo nadie se ha puesto en contacto con las cerca de 100 personas que allí viven para decirles que deben abandonar el sitio hasta el momento en que han visto las vallas.
Esta mañana hemos mantenido contactos con la empresa encargada de la obra y con la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y se han comprometido a no iniciar el derribo hasta la semana que viene.
En cualquier caso vemos de nuevo como un grupo de personas se encuentra en la calle sin que, por ahora, se les haya dado absolutamente ningún tipo de solución. Una vez más vemos como el Ayuntamiento de Murcia pone de manifiesto su falta de sensibilidad y de humanidad ante las necesidades de estas personas, muchas de ellas procedentes de países del África subsahariana que han sido trasladadas desde Canarias o desde Ceuta y Melilla a la Península y que no han podido regularizar su situación.
Son precisamente estas dos administraciones, la regional y la local, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento quienes tienen la responsabilidad normativa de atender las necesidades de estas personas, de promover su integración y de proporcionarles los servicios sociales, sanitarios, etc. que precisen.
Son precisamente estas dos administraciones, la regional y la local, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento quienes tienen la responsabilidad normativa de atender las necesidades de estas personas, de promover su integración y de proporcionarles los servicios sociales, sanitarios, etc. que precisen. En mayo del año pasado, cuando se produjo el desalojo de la nave conocida como Babylon, estas administraciones adujeron que no tenían conocimiento de que allí hubiera instaladas personas viviendo y que, además, no tenían fondos para atender sus necesidades sociales, desviando la responsabilidad al gobierno central.
Este año la situación no es así: ya saben, es público y notorio, que tienen un grupo de personas a las que se va a desalojar en un corto espacio de tiempo, y además, tanto la comunidad autónoma como el Ayuntamiento de Murcia disponen de bastante dinero que ha venido del gobierno central para atender, entre otras, situaciones de este tipo. Así que ahora no hay excusas que valgan.
Por este motivo desde nuestras organizaciones exigimos a los servicios sociales municipales y regionales el realojo de estas personas hasta que puedan encontrar otro sitio donde vivir. No quieren vivir siempre de los servicios sociales lo que quieren es tener un techo donde cobijarse y si les tiran el que tienen, que les proporcionen otro hasta que ellos puedan encontrar donde vivir.
En cualquier caso es evidente que su situación está generada por la política migratoria que sufrimos. Quienes no tienen papeles cuentan poco sin no es para expulsarlos. Y quienes, además, no pueden ser expulsados tienen pocas posibilidades de salir de ese círculo de indocumentación.
Pero, en cualquier caso, todo el mundo tiene derecho a tener, al menos, un techo sobre su cabeza, aunque tengan que conformarse con esas casas ya semiderruídas en las que ahora están.
